Sábado 7 de Septiembre de 2013
El Ejecutivo se preparaba anoche para presentar dos nuevas apelaciones ante la Cámara de Estados Unidos y contrarrestar el fallo que le ordenó al país pagarle unos 1.330 millones de dólares a los holdouts.
El Gobierno nacional analizaba ayer la redacción definitiva de dos nuevas apelaciones ante la Justicia de Nueva York, para el tramo del juicio en el que se discute la forma de pago a holdouts propuesta por Argentina.
A las 24 hora de Nueva York (2 de la madrugada de hoy en Buenos Aires) vence el plazo legal para que el país le pida a los tres jueces que ya rechazaron la propuesta, una revisión de esa orden, y al mismo tiempo eleve una solicitud para que el fallo sea estudiado por los trece magistrado del Distrito (acto judicial que se denomina "en banc").
Ambos trámites corresponden al segmento del juicio en el que se discute la forma de pago propuesta por el país como contraoferta a la orden de tener que cancelar de una vez y en efectivo 1.330 millones de dólares.
Este tramo del litigio también tiene aún la instancia superior de ser apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Dadas las características de los fallos, se entiende que ambas actuaciones serán rechazadas por la Corte de Apelaciones de Nueva York, con lo que la actuación se enmarca dentro de una estrategia que busca ganar tiempo.
El Gobierno presentó un proyecto para abrir la Ley Cerrojo y ofertar a los holdouts un canje de títulos similares a los realizados en 2005 y 2010, que fueron rechazados por el 7 por ciento del total de tenedores.
La iniciativa tiene media sanción del Senado Nacional, donde se aprobó además que la apertura sea "sine die" con el fin de apuntalar la idea de que el país "tiene voluntad de pago" con sus acreedores.
Sobre el primer tramo del juicio, Argentina espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos acepte revisar el fallo que dictaminó que la Argentina violó la cláusula de "pari passu" (igual tratamiento de acreedores).
En su petición se argumenta que la sentencia afecta al Banco de Nueva York (agente de pago de los bonos reestructurados) con lo cual es un caso federal de incumbencia del Máximo Tribunal de los Estados Unidos.
