Martes 4 de Diciembre de 2018
El 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF que mide la pobreza multidimensional, una metodología que toma en cuenta diferentes dimensiones desde el acceso a una vivienda adecuada hasta la escolaridad.
De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.
UNICEF llevó adelante este estudio junto a investigadores del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad de Salta, la Universidad Nacional General Sarmiento y la organización Equidad para la Infancia. El informe se basa en la última información oficial disponible correspondiente al primer semestre del año 2018, de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El análisis de privaciones no monetarias toma en cuenta distintas dimensiones que vulneran los derechos en la infancia y adolescencia y determinan situaciones de pobreza: educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro. Los datos revelan que la pobreza entre las personas menores de 18 años alcanza un valor de 48% y se sitúa 10 puntos por encima de la población en general (38%): esto es 6,3 millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos.
Estos valores son aún más altos en aquellos hogares donde el jefe o jefa tienen bajos niveles educativos y empleos informales, o se encuentra desempleado. En particular, la pobreza infantil es mucho más elevada en los hogares monoparentales que cuentan con una única proveedora de ingresos que, además, debe asumir las tareas domésticas y de cuidado.
“La pobreza tiene cara de niño y de niña”, afirmó Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina.
La medición multidimensional permite captar de forma más completa las privaciones y establecer prioridades en la formulación e implementación de políticas públicas. “Esta metodología multidimensional -agregó Waigrais- permite identificar un conjunto de niños, niñas y adolescentes que no son pobres por ingresos, pero experimentan al menos una privación en aspectos no monetarios y que representan casi 3 millones de chicos que, si no se midiera de esta manera, quedarían invisibilizados”.
Si bien los niveles de pobreza son muy altos, se observa una caída de todos los indicadores monetarios y no monetarios entre 2006 y 2018. No obstante, Waisgrais advirtió que los datos de la EPH del primer semestre de 2018 “no están captando los efectos de la actual situación macroeconómica y fiscal” que deberían verse reflejados en la próxima medición. “En un contexto económico adverso, con una inflación que atenta contra el poder adquisitivo y que afecta mayormente a los sectores más vulnerables de la población, los indicadores actuales de pobreza monetaria y no monetaria son preocupantes”, concluyó.
El estudio de UNICEF incluye recomendaciones para el diseño de políticas públicas para alcanzar la primera meta de los de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales”.
En un contexto de elevada vulnerabilidad, el organismo resalta la importancia de las transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo que reducen -en promedio- un 31% la pobreza monetaria extrema en niñas y niños. UNICEF afirma que el impacto podría ser más importante si se revisaran las condicionalidades que se exigen a la población que, en muchos casos, cumple con los requisitos, pero enfrenta obstáculos importantes para certificarlo (distancias a los centros urbanos, costos de traslado elevados, entre otras limitaciones).
El informe pone de relieve la necesidad de definir una metodología oficial que capture el carácter multifacético de la pobreza sobre la base de estadísticas periódicas, consensuadas y avaladas por académicos, organismos internacionales, centros de investigación y actores de gobierno. UNICEF aboga para que el Estado adopte todas las medidas administrativas, legislativas y presupuestarias para hacer efectivos los derechos de la niñez y la adolescencia, particularmente en el contexto económico actual.
