Martes 25 de Junio de 2013
La presidenta de Brasil mantuvo una reunión con los 27 gobernadores y alcaldes de las respectivas capitales provinciales, para alcanzar una solución a la ola de protestas desatada en el país.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dio inicio ayer al "gran pacto" nacional con el que busca atender las demandas que han llevado a las calles en los últimos días a cientos de miles de brasileños, al proponer un plebiscito popular que habilite una reforma política y realizar ambiciosos anuncios ante gobernadores y alcaldes de todo el país.
Los "cinco pactos" contienen medidas concretas que contemplan las principales reivindicaciones de las protestas -mejoras en salud, educación, fin de la corrupción, política económica efectiva para enfrentar la crisis mundial, entre otras- y fueron propuestas al comienzo de una reunión entre la presidenta y los 27 gobernadores y alcaldes de las respectivas capitales provinciales, celebrada en Brasilia.
"Quiero en este momento proponer el debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita", dijo Rousseff.
Consideró que Brasil "está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedarse parado donde está", al tiempo que destacó que este primer "pacto" "gira en torno a la construcción de una amplia y profunda reforma política destinada a ampliar la participación popular y los horizontes de la ciudadanía".
Los pactos
Al presentar sus propuestas, Rousseff aseveró: "La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos por qué permanecer inertes, incómodos o divididos. Por eso yo traigo propuestas concretas y disposición política para que discutamos al menos cinco pactos".
Además de la convocatoria para posibilitar una reforma política, los otros pactos propuestos están relacionados con la responsabilidad fiscal y mejoras en las áreas de salud, transporte y educación.
Uno de ellos está destinado a "garantizar la estabilidad de la economía y el control de la inflación", a través de la responsabilidad fiscal, la estabilidad económica y el control de la inflación por parte del gobierno central y de las gobernaciones provinciales y municipales.
Este pacto "es una dimensión especialmente importante en el momento actual, cuando la prolongada crisis económica mundial todavía castiga a las naciones", dijo la presidenta, que enfrenta la peor crisis social desde que asumió en 2011.
Otro "pacto" tiene relación con la salud, uno de los puntos claves que, junto con la educación y la corrupción, se destacan entre las muchas demandas de las protestas callejeras.
Con respecto al transporte público, cuyo aumento de la tarifa dio inicio en Sao Paulo a la serie de manifestaciones que se propagaron a todo el país, anunció que el gobierno destinará "50.000 millones de reales (unos 23.300 millones de dólares) para nuevas inversiones en obras de movilidad urbana".
En ese sentido también consideró que el país necesita dar "un salto de calidad en los transportes públicos en las grandes ciudades".
Por último, la mandataria se refirió a la educación pública, admitiendo la necesidad de otorgar mayores recursos a esa área y proponiendo, una vez más, que los mismos provengan de las regalías del petróleo.
