Jueves 23 de May de 2013
Una ley de la reforma judicial promulgada hoy obliga a la publicación de las DD.JJ., pero con información menos detallada; críticas de referentes de transparencia
a reforma judicial obligará a los tres poderes del Estado a publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios, pero la información que darán a conocer será mas limitada que hasta ahora.
Luego de que hoy se promulgara en el Boletín Oficial los cambios en la ley de ética en el ejercicio de la función pública, diferentes ONG y referentes de transparencia pública cuestionaron la flamante norma porque, aseguran, no permitirá que se conozca la evolución patrimonial de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La flamante ley 26.857 establece que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios, magistrados y candidatos a cargos electivos "son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet", en el sitio web de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, la norma introduce una modificación clave: el cambio de formulario de la declaración. Ya no se presentará el detallado informe que requería la Oficina Anticorrupción (OA), sino que, según el texto, los informes "serán iguales a aquellos que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".
"Si bien se extiende a los tres poderes del Estado y a las publicaciones en Internet, lo que se publicará será tan global y con falta de detalle que no se conocerá de modo alguno cómo se compone ese patrimonio", aseguró a LA NACION Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte e integrante de la ONG Contadores Forenses. "Tampoco se sabrán las sociedad de las cuales el funcionario público es accionista. Es un retroceso muy grande", señaló el investigador de fraudes y delitos económicos.
En la declaración, de los bienes inmuebles se sabrá el valor fiscal, pero no el origen del dinero con el que se adquirió ese bien. En el caso de las sociedades, tampoco se conocerán el porcentaje de acciones que tiene cada funcionario, ni cuál es el valor de esa participación. Tampoco se podrá conocer datos sobre cónyuges.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, afirmó que "lo que se muestra como una evolución de mayor acceso es un engaño, porque habrá menos información". "Lo bueno que tenían las declaraciones juradas anteriores era poder observar la real evolución patrimonial de los funcionarios, lo que ya no se podrá hacer", apuntó.
Secchi advirtió también que la imposibilidad de acceder a información sobre cónyuges "evita investigar la primera línea de posibles testaferros". La ley 26.857 establece que la información sobre las parejas e hijos no emancipados estarán en un anexo a los que sólo podrá acceder un juez por pedido expreso por una causa penal.
Desde la OA también dejaron trascender su preocupación de las nuevas declaraciones juradas no contarán con todos los datos para investigar las dos cuestiones que son su principal blanco: el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses con la función pública, como ya publicó LA NACION..
