Domingo 7 de Abril de 2013
Las inundaciones, responsabilidades, negocios e imprevisión. Impacto político.
Los 392 milímetros de agua que se desplomaron en seis horas sobre La Plata el miércoles pasado desataron una tragedia sin precedentes por su magnitud, que probablemente ningún sistema de contención hubiese podido evitar, pero que aun así plantea gruesos interrogantes a una dirigencia política que no realizó obras que hubiesen podido atenuarla ni preparó a los ciudadanos para enfrentarla una vez acontecida, mientras propiciaba, en complicidad con sectores empresarios y gremiales, una fabulosa burbuja inmobiliaria que está en el centro de la tragedia.
Si bien es cierto que lo que ocurrió está fuera de toda escala conocida (la lluvia previa más importante en la ciudad es de marzo de 1930 y fue de 174 milímetros), también lo es que las advertencias sobre la necesidad de actuar preventivamente sobraban: la propia Suprema Corte lo había dicho, hace dos años, cuando advirtió al oficialismo comandado por el Intendente Pablo Bruera sobre las consecuencias de la última reforma del Código de Ordenamiento Urbano, que ese sector impulsó con apoyo de empresarios inmobiliarios y de la construcción, y también de la Uocra.
Las empresas, que apoyan a Bruera, se beneficiaron de la burbuja que elevó a las nubes el precio del metro cuadrado en la ciudad, mientras el gremio que conduce el "Pata" Medina elogiaba la generación de puestos de trabajo y cobraba, por debajo de la mesa, una contribución "extra" a cada obra para dejarla avanzar. Así, se multiplicó la superficie impermeable y se sembraron de edificios de altura barrios que siempre habían sido bajos, lo que recargó desagües (y otros servicios públicos) sin realizar una sola inversión importante para adaptarlos a la nueva realidad.
Bruera, un réprobo del FpV que estaba en la mira de la Casa Rosada por haber "traicionado" a Néstor Kirchner con una colectora en 2009, comparte responsabilidades con su antecesor, Julio Alak, que llegó a su actual puesto, el Ministerio de Justicia nacional, en buena medida como parte de la venganza por esa "deslealtad". Ambos propiciaron el crecimiento de los asentamientos en terrenos fiscales de las zonas más vulnerables –algunos a la vera de los arroyos- donde mandaron a vivir a los pobres que ahora tardan en socorrer.
Juntos, Bruera y Alak suman 22 años de gestión con ininterrumpido sostén del medio de comunicación más importante de la ciudad y de instituciones clave como la Iglesia Católica, que ahora hacen colectas para ayudar a que quedaron sumergidos. En ese largo período, no terminaron ninguna obra importante para al menos morigerar las crecidas, quizá porque son del tipo de las que no se ven. Y ni siquiera se tomaron en serio el sistema propuesto por la Facultad de Ingeniería en 2007, que planteaba una completa intervención sobre el arroyo El Gato, ahora tristemente célebre.
Ese estudio buscaba evitar inundaciones como la de enero de 2002 y marzo de 2005, que Alak y Bruera no tuvieron en cuenta como antecedente de que algo grave podría ocurrir. Tampoco la de febrero de 2008, que afectó a 90 mil vecinos. Prácticamente todos los especialistas coinciden que ni aun haciendo esas obras la inundación se hubiese evitado. Pero también están de acuerdo en que se habría atenuado: esto es, se habría evitado mucho sufrimiento y, tal vez, algunas de las 51 muertes que, por ahora, agotan el listado oficial.
Pero esa trama de política, negocios e imprevisión no es nada original: es parte de un modelo de "desarrollo urbano" que rige en amplios sectores del Conurbano (en el interior también, pero allí el problema de la tierra es por ahora algo menos dramático), donde los countries crecen sin control y plantean un uso del suelo completamente irracional, que condena a los sectores más desfavorecidos a vivir en apiñados en zonas bajas, muchas veces transformadas en inundables justamente por esos "desarrollos inmobiliarios".
El sciolismo, que resistió un proyecto de ley para intentar que esas manchas urbanas no continúen esparciendo su modelo antisocial y los intendentes, los alineados con la Casa Rosada y los otros, no dan muestras de tener la voluntad política de tomarse la cosa en serio.
El día después
Como todas las ciudades argentinas inundables excepto Santa Fe, que lo elaboró después de una tragedia, La Plata carece de un plan de contingencia que ayude a hacer frente a la crecida mientras ocurre y ordene la asistencia posterior. El esfuerzo de las fuerzas de gobiernos, fuerzas de seguridad y ONGs, alimentado por la proverbial solidaridad de la gente de a pie y potenciado por la encomiable labor de la militancia política juvenil no pueden reemplazar a protocolos de acción claros, implementados por profesionales equipados.
Las deficiencias en la asistencia que denuncian en muchos barrios en parte se debe a ese esquema de intervención con un componente vocacional tan alto, aunque dada la magnitud de lo ocurrido, en parte era inevitable. Hubiera sido vital evitarlo: las deficiencias golpean a los más pobres, que no tienen una red familiar o social en condiciones de suplir las falencias del Estado.
En el plano de lo que ocurre después, la saludable novedad la dio la presidenta Cristina Fernández , que por una vez le puso el cuerpo a la tragedia. Aportó contención, al menos simbólica. Hubiera sido importante, además, que las auditorías que ahora se plantean sobre el destino de los fondos hídricos nacionales para La Plata se hicieran antes de la catástrofe. Y que el sistema de decisión sobre las obras y de reparto del dinero correspondiente que regentea esté menos atado a la lógica de amigo-enemigo político-electoral que rige hoy aún (o especialmente) al interior del oficialismo.
La solución de fondo, de yapa, implica en buena medida al área metropolitana en su conjunto. Hasta en alguna hipótesis, requiere un endeudamiento internacional que tiene que ser pedido por unos y habilitado por otros. Por eso, plantea el desafío de un trabajo conjunto para la Presidenta, para Daniel Scioli y para Mauricio Macri, que ninguno pueden darse el lujo de no afrontar, pero que hasta ahora brilla por su ausencia. Es más, contrasta con los esfuerzos de sus segundas líneas por ver la paja en el ojo ajena hasta que la viga tapa los propios.
En ese plano más político, Cristina Fernández, al igual que Scioli, soportaron críticas directas casi sin chistar. Estuvieron a años luz de Bruera, que primero mintió una presencia en el lugar de los hechos en momentos en que estaba en Brasil y nunca pudo ocupar el centro de la escena después. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, tuvo una lamentable alusión a supuestos agitadores ante los mismos cuestionamientos. Eso y ciertas deficiencias del operativo post agua podrían complicarla en su objetivo mayor, la candidatura bonaerense.
Ese costado, el del impacto político directo, apenas despunta por ahora. Pero una vez que las aguas terminen de bajar las facturas estarán a la orden del día y habrá una guerra por determinar a quién afecta más o menos lo ocurrido. Por ahora, la Presidenta aplicó un esquema de rescate económico que demuestra lo acertado de un esquema de asistencia no clientelar con la AUH y la recuperación para el Estado del sistema jubilatorio. Scioli, que gozó de una "tregua" de la Casa Rosada y estuvo muy activo, espera que la coyuntura le permita recibir un OK para endeudarse.
El resto, los que comandan ciudades con el mismo nivel de imprevisión que La Plata, los que ocupan bancas desde las que se especializan en saber todo a posteriori, también jugarán. El veredicto, una vez más, estará en menos de la gente.
