Miércoles 29 de May de 2013
La Procuradora fue imputada por presunto encubrimiento de Lázaro Báez. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa para determinar si cometió irregularidades al nombrar fiscales.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvió a quedar ayer en la mira de la Justicia, pues un fiscal la imputó por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez y la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa para determinar si cometió irregularidades en el nombramiento de representantes del Ministerio Público.
Asimismo, se supo que la Corte Suprema analiza la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de designaciones de fiscales subrogantes, en el marco de un dictamen en un juicio comercial que es objetado por un empresario.
En uno de los casos, el fiscal federal Gerardo Di Masi impulsó una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra Gils Carbó, el juez federal Sebastián Casanello -que tiene la causa por presunto lavado de dinero contra Báez- y los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procuraduría antilavado (Procelac), por tener "un accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación en curso". Di Masi pidió copia de la causa para determinar si hubo demoras en avanzar en la pesquisa, por ejemplo en los allanamientos o en el impulso a las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán.
En tanto, la Cámara Federal ordenó reabrir la causa contra Gils Carbó por el nombramiento presuntamente irregular de fiscales "ad hoc".
Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara, revocaron la decisión de Casanello de archivar la denuncia de la Procuradora y ordenaron que lleve a cabo medidas de prueba solicitadas por Marijuán.
Asimismo, dispusieron reabrir otra investigación sobre la misma cuestión denunciada por la Asociación Civil "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional", acusación que también había sido desestimada por Casanello.
Gils Carbó fue denunciada por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el senador radical Mario Cimadevilla, que cuestionó la creación de la Procelac y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la designación de sus titulares, Gonella y Félix Crous, respectivamente, por no respetar los procedimientos establecidos.
