Sábado 27 de Abril de 2013
La iniciativa abarca a los 3.600 aparatos que funcionan en Casinos administrados por la Provincia. Se incorporarán a medida que venzan las concesiones.
Senadores K quieren que las máquinas sean administradas por la Provincia.
El kirchnerismo bonaerense dio ayer un primer paso en la estatización del juego, al elevar un proyecto de ley que buscará sacar de manos privadas las más de 3 mil máquinas tragamonedas que funcionan en Casinos de la Provincia.
El proyecto fue impulsado por el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aunque lleva la firma de los senadores Jorge Ruesga y Cristina Di Rado y el apoyo de todo el kirchnerismo, que el año pasado ya había puesto en discusión el sistema privado del manejo del juego en la Provincia.
La iniciativa alcanza a las 3.600 máquinas tragamonedas que funcionen en los 10 Casinos gestionados por el Gobierno, pero excluye a aquellas que funcionan en los Bingos concesionados a empresas privadas, de donde surge el grueso de la recaudación.
Por caso, mientras los Casinos recaudan poco más de 2 mil millones de pesos anuales, las empresas privadas que regentean los 44 bingos que funcionan en territorio bonaerense facturan más de 12 mil millones.
El proyecto
La iniciativa kirchnerista busca un "blindaje" que evite planteos legales de las empresas concesionarias, estipulando que la estatización se dará a medida que se venzan las concesiones vigentes, algo que este año ocurrirá con el Casino de Tigre.
Además, el proyecto impide al Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) "realizar cualquier contrato de concesión para la explotación" de las máquinas. En tanto, se dispone que el beneficio bruto de las máquinas se distribuya de la siguiente manera: un 80 por ciento, repartido entre el IPLyC (62%); el municipio donde funcione el Casino (2%); los municipios que no posean salas de juego en su territorio (20%); un fondo de Programas Sociales (6%); programas de Minoridad (5%); y a Rentas Generales (5%). En tanto, un 10 por ciento se repartirá entre los empleados de los Casinos provinciales, y el restante 10 por ciento se afectará a gastos de mantenimiento de los Casinos.
Finalmente, el proyecto establece que Loterías no podrá autorizar la apertura o traslado de nuevos bingos dentro del radio de 150 kilómetros del lugar en donde funcionen los Casinos e impide que los municipios donde funcionen las máquinas graven con tasas o contribución alguna las utilidades de las tragamonedas administradas por la Provincia.