Martes 6 de Agosto de 2013
Sánchez, número dos de Carrió, hizo la presentación ante el fiscal Marijuán. La supuesta maniobra sería por tierras fiscales que la jefa de Estado habría adquirido en 2006 a $1,19 el metro cuadrado.
El precandidato a diputado nacional Fernando Sánchez pidió ayer a la Justicia federal que incluya a la presidenta Cristina Fernández en la causa penal sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, por terrenos en los que presuntamente comparten la propiedad.
Sánchez, 'número dos' de la diputada Elisa Carrió, hizo la presentación ante el fiscal federal Guillermo Marijuán, según informó un comunicado del actual legislador porteño por CC-ARI.
La ampliación de denuncia recoge la información que publicó en su edición del sábado el diario "La Nación" sobre una presunta cesión "en permuta" que habría hecho a Báez y su empresa Austral Construcciones S.A. de un terreno en El Calafate.
La nota del precandidato sostuvo que éste "ha informado al fiscal de lo que ha publicado 'La Nación': "La Presidente de la Nación comparte en partes iguales el terreno en condominio con Lázaro Báez".
Se trata, agregó, de "tierras fiscales que la jefa del Estado habría adquirido en 2006 a 1,19 pesos el metro cuadrado, y dos años después permutó la mitad a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez".
La investigación de "La Nación" determinó que en 2006, mediante el Decreto 481, el municipio de El Calafate le adjudicó a la actual Presidenta la posibilidad de adquirir un terreno fiscal destinado a chacra. Al año siguiente de la compra, el terreno fue anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz. "Allí, la Presidenta declaró que la compró a 104.449 pesos, lo que equivale a 1,19 pesos el metro cuadrado. Su bajo valor fue explicado por ser zona rural", señaló el diario.
La investigación aportó además una copia de la escritura traslativa de dominio donde se observa que el 11 de julio de 2008, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, le compró a "Cristina Elisabet Fernández" 50% de ese bien, mediante "una permuta por 150.000 pesos", aunque no se dice contra que activo se canjeó. Según publicó también el mismo diario, en el anexo A correspondiente al detalle de bienes del año 2009, la Presidenta incorporó la mitad del terreno en su declaración jurada, al que declaró por un valor de 65.280 pesos.
En su presentación, el legislador opositor no sólo pidió que "se investigue a la Presidente de la Nación Cristina Kirchner por lavado de dinero", sino también "por haber omitido en su declaración jurada la propiedad de un terreno en sociedad con Lázaro Báez". "Se hace imperioso investigar a Cristina Fernández de Kirchner en la presente causa al menos por los delitos por los que se investiga al señor Lázaro Báez" finalizó.
El fiscal Marijuán y el juez federal Sebastián Casanello investigan a Báez por presunto lavado de dinero de unos 55 millones de euros que habría sacado del país a través de empresas fantasmas creadas en el extranjero, según reveló el programa "Periodismo Para Todos".
El magistrado libró exhortos a distintos países del mundo, como Panamá y Suiza, para obtener información de esas empresas y seguir así la ruta del dinero.
Las maniobras se habrían hecho a través de SGI, financiera de Federico Elaskar, y con la intervención de Leonardo Fariña, ex empleado de Báez en Austral Construcciones.
