Miércoles 31 de Julio de 2013
Cuatro comisiones del Senado debatieron con expertos los alcances de una normativa para el tratamiento de casos de abuso de poder en el seno familiar.
Un plenario de cuatro comisiones del Senado analizó ayer junto a expertos un proyecto para erradicar la violencia y el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar y pasó a cuarto intermedio para unificar criterios a fin de acordar un dictamen.
La reunión realizada en el salón "Eva Perón" estuvo presidida por la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Pedro Guastavino, y participaron también las de Trabajo y Previsión, la Banca de la Mujer y la comisión de Presupuesto y Hacienda.
La psicóloga Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra Las Violencias del Ministerio de Justicia, aseguró que desde 2006 hubo 18.127 víctimas de ese tipo de violencia solo en la Capital Federal y remarcó que la iniciativa incorpora "fenómenos que son absolutamente nuevos" como es considerar "el sentir" de la víctima de violencia familiar.
El apoyo de Giberti al proyecto de los senadores oficialistas fue pronunciado durante un plenario de cuatro comisiones que deliberó en el Salón Eva Perón del Senado.
También expusieron en respaldo de la iniciativa el abogado y ex juez de Menores, Héctor Raffo, y el juez federal de La Plata Carlos Alberto Rozansky.
Giberti consideró que el proyecto presentado por los oficialistas Aníbal Fernández y Elena Corregido, significa un "cambio sustantivo" al poner "el sentir en el primer punto" y "eludir la razón lógica como una fuente de verdad"."Es decir que la persona no necesita testigos, alcanza lo que siente en relación de sus derechos" para pedir amparo a la justicia en tanto que valoriza "los afectos del sujeto como dimensión imprescindible para la compresión de los hechos", explicó.
Precisó que la iniciativa "pone énfasis en la capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad y de los jueces" y de todo el personal que interviene en violencia familiar y de género, porque apuntó que suele suceder "que la víctima que se anima a denunciar protagoniza luego un verdadero vía crucis".
La propuesta incorpora la responsabilidad -y sanciones si no lo hacen- de los familiares de denunciar los hechos de violencia familiar así como también de funcionarios públicos, servicios de educación y de salud públicos y privados.
El texto indica, por otra parte, que "se debe garantizar el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes" y prohíbe "la mediación porque dada la asimetría puede que la víctima termine declarándose, entre comillas, como culpable", declaró Giberti.
El proyecto contempla además el entrenamiento de quienes trabajan en violencia familiar y "cuida a los cuidadores" al incorporar la inmunidad para quienes se dedican a la materia. Sobre los derechos las víctimas, el texto dice que tendrán a disposición el patrocinio gratuito, al tiempo que obliga a obras sociales y prepagas a ocuparse de su atención.
