Domingo 19 de May de 2013
Se vuelve a tensar la cuestión gremial, en un escenario más complejo que antes. De fondo, movimientos preelectorales.
En medio del habitual frenesí de armados electorales previo al cierre de listas, con acuerdos que se hacen y deshacen en cuestión de horas como telón de fondo, el Gobierno bonaerense quedó otra vez, al cabo de la semana que pasó, a las puertas de la reactivación del conflicto docente, con el que para colmo deberá lidiar en un clima enrarecido por la detención de delegados gremiales y la compleja situación política de su ministra de Educación, Nora de Lucía, quien hace solo 48 horas debió ser ratificada en su cargo por el propio Daniel Scioli.
Cuando mañana se venza la conciliación obligatoria que puso en pausa los paros, volverá a emerger un entramado que sujeta a Scioli al menos desde mediados del año pasado, cuando blanqueó su pretensión presidencial: los gremios (aún los filo K) asumen reivindicaciones de recomposición salarial por encima de la inflación oficial –y de los aumentos del orden del 22% en cuotas que ya recibieron-, que la Provincia no puede pagar a menos que vuelva a recibir un sostén financiero nacional extra participación similar que recibía hasta 2011, algo que no tiene ningún viso de ocurrir.
Es, de hecho, la plena vigencia del corsé que amaña los movimientos de Scioli: sin sostén financiero, la independencia política es solo una consigna. Por eso no parece casual que, en un mismo contacto con el periodismo, el gobernador haya buscado halagar los oídos de la Casa Rosada con una doble definición: apoyo al blanqueo de capitales y rechazo al DNU de Mauricio Macri sobre medios. No espera gran recompensa, apenas que se concrete la demorada refinanciación de 1.700 millones de pesos que Nación prometió pero, como se adelantó aquí, aún no concreto.
Esa plata difícilmente sirva para financiar un aumento mayor de sueldos: podría alcanzar para reactivar algo la obra pública y, acaso, acortar algún plazo en los pagos de las mejoras ya otorgadas. Pero esa peliaguda negociación estará en manos de una funcionaria, De Lucía, que en la semana presentó su renuncia (le fue rechazada) porque alcanzó un límite personal: recibió amenazas que involucraban a su familia, justo cuando cinco delegados de Educación que habían protagonizado una toma de su Ministerio el año pasado eran liberados luego de pasar 24 horas presos.
La toma registró episodios de violencia: a De Lucía, cuentan operadores sciolistas, la tuvieron ocho horas encerrada en una oficina, un funcionario fue trompeado, se destrozó mobiliario. "Hicimos la denuncia por eso, pero algunos kirchneristas nos acusan de criminalizar la protesta social", se quejan cerca de la ministra: apuntan a actores políticos como el diputado Fernando Navarro o el vicegobernador Gabriel Mariotto e institucionales, como la Comisión por la Memoria, que denunció por ilegal el operativo de detención, que llevaron a cabo policías de civil en móviles sin identificar.
Todo ocurrió de manera coincidente con otro episodio que agitó las aguas en el oficialismo: la decisión de dos senadores de La Juan Domingo de abrirse del kirchnerismo y buscar refugio en el armado de Francisco De Narváez. Las miradas inmediatamente se posaron en Scioli, que tiene un acuerdo con el peronista opositor para que le sirva de sostén legislativo en 2014 a cambio de apoyar su pretensión de sucederlo. Scioli mandó a negar cualquier vinculación y otros miembros de LJD descartaron que vayan a sumarse al éxodo.
Esa última aclaración no es menor: si todos los miembros de JLD dieran el portazo y, contra lo que ocurrió hasta ahora también dejaran el bloque (una cosa sin la otra es incoherente), la mayoría K en el senado provincial podría complicarse, aún en el caso de que en octubre los representantes de la Casa Rosada hagan una buena elección. Ese desbalance se hubiera agudizado si De Lucía retomaba su banca, que mientras dura su licencia ocupa un senador ultra K.
Por eso hubo alarma: el Senado es un escenario clave para que avancen iniciativas que el kirchnerismo considera vitales, como los proyectos de Mariotto para trasladar a Provincia la reforma judicial.
Scioli, entonces, dejó en claro una vez más que no sacará los pies del plato, porque no quiere o porque no le conviene o puede. Pero no lo hará. Se expone, eso sí, a otra definición importante: la de Sergio Massa, que ahora dice que dará su respuesta el 1º de junio, mientras por lo bajo asegura que si juega, no lo hará en una lista K. Eso no excluye, por cierto, otra jugada que le convendría a la Casa Rosada: una suerte de "tercera posición", vía interpósita lista, que mellaría votos a De Narváez.
El "colorado" espera también, pero mientras tanto habilitó esta semana una conversación postergada: la que ahora sostendrá, a nivel de segundas líneas, sus delegados con los de Mauricio Macri, que sigue necesitando un acuerdo con el "Colorado" para tener un candidato potable en Provincia. De Narváez, en tanto, trató de desactivar otro rumor: un sondeo ultrasecreto de Massa para explorar un entendimiento que el diputado no puede aceptar si quiere que su pacto con el gobernador no se rompa.
Menos enredados por una vez, en la centroizquierda registraron algún avance en una tarea compleja: juntar a la UCR, el FAP y la CC en un solo frente. La llave del avance fue aceptar a las primarias como mecanismo para resolver las listas. Avanzaron, aunque probablemente la Unidad Popular de Víctor De Gennaro y el Proyecto Sur de Pino Solanas queden en el camino. Igual, todavía falta para cerrar el acuerdo: el radicalismo, por caso, ni siquiera terminó de resolver su propia interna.
