Viernes 15 de Marzo de 2019
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la más importante institución que nuclea a los expertos en medicina infantil, se puso firme ante una resolución del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires que autorizó el uso de agrotóxicos en zonas periurbanas, y logró que se suspenda la autorización hasta el año que viene.
Recordemos que docentes de escuelas rurales de localidades de la provincia de Buenos Aires, como San Antonio de Areco, Necochea, Trenque Lauquen, San Andrés de Giles, Roque Pérez, Sierra de la Ventana, Ayacucho, Ramallo y Chivilcoy, conformaron la Red de Docentes por la Vida, para luchar contra las fumigaciones con agrotóxicos que sufren cotidianamente, cuyas consecuencias en la población se traducen en alergias, problemas respiratorios y neurológicos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, o la muerte, como consecuencia de un modelo de agroproducción que hace uso indiscriminado de agrotóxicos como el glifosato.
Firmada por la presidenta de la SAP, Dra Stella Maris Gil, y el vicepresidente, Dr Omar Tabacco, compartimos a continuación la carta dirigida a la Gobernadora María Eugenia Vidal:
El motivo de la presente es para expresarle nuestra mayor preocupación por la aprobación de la Resolución N° 246-MAGP de la Provincia de Buenos Aires que habilita la aplicación de fitosanitarios a partir del 1° de enero del corriente año, en la proximidad de las áreas periurbanas.
Dicha resolución involucra zonas contiguas al área urbana, cursos de agua, áreas de esparcimiento y establecimientos educativos entre otras, hoy protegidas por áreas de exclusión o de amortiguamiento.
La OMS define a los fitosanitarios como “sustancias destinadas a destruir toda forma de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y la agricultura”, lo cual pone de manifiesto su potencial toxicidad biológica. Los niños son especialmente vulnerables a dichas sustancias por sus características anatomofisiológicas en desarrollo e inmadurez orgánica y tisular.
A pesar de ello, es alarmante como se minimiza la toxicidad de estas sustancias y que el Grupo de Trabajo Interministerial sobre las Buenas Prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios, haya trabajado sobre “el cuerpo dinámico de
publicaciones oficiales que dan recomendaciones técnicas de buenas prácticas de aplicación” y no haga referencia a las múltiples publicaciones científicas sobre el daño de los agrotóxicos o fitosanitarios en la salud de la población, aun cuando se exponen a pequeñas cantidades.
Enfermedades respiratorias, dermatológicas, trastornos del sistema endócrino, del desarrollo, del sistema nervioso hasta distintos tipos de cáncer, han motivado que bajo el amparo del principio precautorio, se definan áreas protegidas, de exclusión o de amortiguamiento de estas prácticas agrícolas en distintos municipios provinciales, y que la Corte Suprema de Justicia por unanimidad condenara el uso de agroquímicos y la fumigación en cercanías poblacionales o en establecimientos educativos de las zonas rurales. Fallos como el del Partido bonaerense de Alberti, el del Barrio Ituzaingó en Córdoba o el de Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos así lo demuestran.
A nuestro entender esta resolución prioriza la producción, por encima de la salud de la población y del cuidado del ambiente, lo cual constituye una vulneración de dos derechos primordiales, que pueden ponen en riesgo la salud infantil y de las futuras generaciones.
Aplicar agroquímicos en las proximidades de las áreas poblacionales, escuelas o espacios de esparcimiento, implica violentar el derecho a vivir en un medio ambiente sano (arts. 42 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial) y condenar a los niños a efectos agudos y crónicos en su salud.
La SAP tiene una trayectoria histórica como entidad científica asesorando a las autoridades ministeriales en todo lo relacionado la salud biopsicosocial y ambiental del niño, el adolescente y la familia.
Por lo expuesto, rechazamos la aprobación de esta resolución y siendo el Estado el máximo garante de los derechos de la población, le solicitamos la anulación de la misma para que se garanticen los derechos a la salud y a un ambiente saludable. Como profesionales abocados al desarrollo humano, ponemos a su disposición nuestros equipos técnicos.
